De los sofistas griegos a los políticos actuales: 2.500 años de mentiras, manipulación y ambición por el poder
Una reflexión incómoda sobre la degradación política, el dinero público, la falta de responsabilidad y nuestra obligación de pensar por nosotros mismos.
Hay días en los que siento una profunda tristeza cuando contemplo el espectáculo político. Pero, sobre todo, siento indignación.
Me indigna que se pueda mentir con tanta naturalidad. Que la campaña electoral se haya convertido en una competición por ver quién promete más, quién tergiversa mejor la realidad y quién consigue manipular a más personas.
Me indigna que alguien pueda decir una cosa, hacer exactamente la contraria y presentarse a las siguientes elecciones como si nada hubiera ocurrido.
Y me indigna todavía más que millones de personas estén dispuestas a defenderlo porque quien les engaña lleva las siglas de su partido.
Lo más triste es que esto no es nuevo. Llevamos más de dos mil años hablando de ello.
1. Los sofistas han vuelto, aunque ahora llevan traje, corbata y asesores de comunicación
En la Grecia clásica existían los sofistas, maestros de la argumentación y de la persuasión. No todos eran charlatanes ni pretendían engañar, pero Sócrates y Platón ya advirtieron del peligro de utilizar la retórica para convencer sin importar demasiado la verdad.
Hoy hemos perfeccionado aquel sistema hasta extremos difíciles de imaginar.
Tenemos asesores de imagen, consultores políticos, expertos en comunicación, encuestas, algoritmos, redes sociales, medios afines y auténticas fábricas de relatos.
Ya no basta con mentir.
Ahora hay que conseguir que una parte de la sociedad defienda apasionadamente la mentira, incluso cuando tiene las pruebas delante.
Durante una campaña electoral se dicen auténticas barbaridades. Se hacen promesas que difícilmente podrán cumplirse. Se ocultan los costes de las decisiones. Se crean enemigos imaginarios y se utiliza el miedo para movilizar al electorado.
¿Y qué sucede después?
En demasiadas ocasiones, absolutamente nada.
El candidato gana o pierde, el espectáculo termina y las mentiras quedan enterradas bajo la siguiente noticia.
En una empresa, si prometemos algo a un cliente y deliberadamente le engañamos, podemos perderlo, sufrir una reclamación, afrontar responsabilidades y ver destruida nuestra reputación.
¿Por qué aceptamos que quien pretende gobernar nuestro país pueda comportarse con estándares éticos inferiores?
¿No debería exigírsele precisamente lo contrario?
2. La política de la manada: cuando pensar se convierte en traicionar al partido
Hay algo todavía más preocupante que los políticos que mienten: los ciudadanos que han decidido no pensar.
Personas perfectamente capaces de razonar, profesionales competentes, trabajadores, empresarios, universitarios, que cuando entran en el terreno político parecen renunciar a su sentido crítico.
Todo lo que hace su partido está bien.
Todo lo que hace el contrario está mal.
Si uno de los suyos miente, es una estrategia. Si miente el adversario, es un escándalo.
Si uno de los suyos despilfarra, está invirtiendo en el bienestar colectivo. Si lo hace otro, está robando.
Si los suyos convocan una manifestación, defienden derechos. Si se manifiestan los contrarios, intentan desestabilizar la democracia.
¿Qué clase de criterio moral es ese?
Sócrates nos enseñó a cuestionar incluso nuestras convicciones más profundas. Pero hoy parece que cuestionar al propio partido equivale a una traición.
Y esa es la gran victoria de la manipulación política: conseguir que el ciudadano deje de ser ciudadano y se convierta en hincha.
El político ya no necesita demostrar que tiene razón. Le basta con convencerte de que los otros son peores.
3. Las masas como instrumento político: manifestaciones, acampadas y disturbios
También me produce una enorme indignación la facilidad con la que determinadas organizaciones pueden instrumentalizar el malestar de las personas.
La historia está llena de dirigentes que han utilizado la frustración colectiva para alcanzar sus propios objetivos.
Hay personas que salen a la calle convencidas de estar defendiendo una causa justa. Y muchas veces realmente lo están haciendo.
Pero otras acaban convertidas en instrumentos de estrategias políticas que no controlan.
Se promueven enfrentamientos, se alimenta la crispación, se toleran situaciones de ocupación del espacio público o se aprovechan movilizaciones para obtener ventajas políticas.
Y cuando aparecen los disturbios, los escaparates destrozados, los contenedores quemados o los coches incendiados, quienes pagan las consecuencias son los ciudadanos.
El comerciante que ha abierto todos los días su negocio. El autónomo que necesita su vehículo para trabajar. La familia que descubre que su coche ha ardido durante una noche de violencia callejera.
Y me hago una pregunta muy sencilla:
Si pago impuestos para que el Estado garantice mi seguridad y proteja mis derechos, ¿quién responde cuando no lo consigue por una negligencia que podría haberse evitado?
No estoy diciendo que el Estado pueda impedir cualquier delito ni que toda manifestación sea sospechosa. El derecho a protestar pacíficamente es esencial en una democracia.
Pero ejercer ese derecho no puede servir de coartada para destruir la propiedad ajena, intimidar a otros ciudadanos o impedirles desarrollar su vida.
Y si las autoridades han incumplido gravemente sus obligaciones, debería existir una respuesta proporcional, incluida la reparación económica cuando legalmente proceda.
Porque si el Estado no me protege, si no responde ante determinadas desgracias, si no garantiza razonablemente el orden público y ni siquiera es capaz de hacer cumplir las leyes, ¿para qué está?
¿Solamente para cobrarme impuestos?
4. El monstruo administrativo: un Estado que no deja de crecer
Creo en el Estado. Pero en un Estado pequeño en sus estructuras, fuerte en sus funciones esenciales y eficaz en su gestión.
No en un monstruo administrativo que parece necesitar cada año más dinero, más departamentos, más organismos, más asesores, más subvenciones y más funcionarios para justificar su propia existencia.
No se trata de cuestionar a los empleados públicos que trabajan honestamente ni los servicios fundamentales que todos necesitamos.
Se trata de preguntarse cuánta estructura administrativa necesitamos realmente y cuánto de lo que financiamos aporta valor al ciudadano.
Los políticos anuncian nuevas medidas como si el dinero apareciera por generación espontánea.
Pero cada euro sale de algún lugar.
Sale del salario de un trabajador, de los impuestos de una empresa, del consumo de una familia, de los beneficios de quien ha arriesgado su patrimonio o de una deuda que terminarán pagando generaciones futuras.
Me parece especialmente grave la facilidad con la que se pueden manejar millones de euros que no son propios.
En una empresa, gastar dinero inútilmente pone en peligro su supervivencia.
En política, gastar mal el dinero puede convertirse en una ventaja electoral.
Se crean organismos, se reparten subvenciones, se financian programas, se multiplican estructuras.
Y demasiadas veces no sabemos quién controla de verdad su utilidad.
Quiero saber cuánto cuesta cada decisión, quién la ha tomado, a quién beneficia y qué resultados produce.
No puede ser que para un empresario cien euros sean un coste que hay que justificar y para un dirigente cien millones sean simplemente una partida presupuestaria más.
5. Gastar millones para conseguir un voto, una influencia o un privilegio
Una de las cosas que más me irritan es imaginar que alguien pueda estar dispuesto a despilfarrar millones de euros de dinero público para conseguir un beneficio político o personal relativamente pequeño.
No afirmo que todas las subvenciones ni todos los programas públicos respondan a ese propósito. Muchos son legítimos y necesarios.
Pero cuando una ayuda, una contratación o un programa se utiliza para alimentar redes clientelares, comprar lealtades o perpetuar a determinados dirigentes en el poder, estamos ante una perversión absoluta del servicio público.
¿Qué le importa a quien administra el dinero de otros malgastar diez millones si con ello consigue mantenerse en el cargo, beneficiar a alguien próximo o asegurarse una posición futura?
Esa posibilidad debería aterrarnos.
También deberíamos cuestionar cualquier intento de utilizar los censos electorales, la concesión de ayudas, los movimientos migratorios o las necesidades económicas de colectivos vulnerables para obtener ventajas partidistas.
La inmigración requiere criterios legales, humanitarios, económicos y de integración. Las personas no son mercancía electoral, ni podemos presumir que todas las políticas migratorias persigan alterar el voto.
Precisamente por eso cualquier utilización partidista de personas vulnerables sería especialmente despreciable.
Y lo mismo sucede con las subvenciones internacionales.
No me opongo a ayudar a otros países cuando esa ayuda está justificada, es transparente y produce resultados comprobables.
Pero me parece intolerable que se puedan comprometer cantidades enormes mientras existen necesidades desatendidas y que nadie sea capaz de explicar claramente qué se consigue con ese dinero.
La solidaridad no debería ser un cheque en blanco.
El dinero público debería administrarse con la prudencia de quien sabe que cada euro le ha costado esfuerzo a otra persona.
6. La separación de poderes: ¿quién vigila al vigilante?
Aristóteles reflexionó sobre la virtud y las distintas formas de gobierno. Y los romanos, con Cicerón entre sus grandes pensadores, comprendieron también la importancia de la ley y de los deberes hacia la comunidad.
Pero hay una conclusión histórica fundamental: no basta con confiar en que quienes gobiernan sean buenas personas.
Hay que construir instituciones capaces de controlarlos.
Por eso me preocupa enormemente la independencia de los jueces, los mecanismos de nombramiento de los órganos de control y cualquier intento de colonización partidista de las instituciones.
No podemos permitir que quienes deben investigar, fiscalizar o controlar al poder dependan indebidamente de aquellos a quienes tienen que controlar.
La independencia institucional no consiste solamente en cumplir formalmente la ley.
También exige que los ciudadanos puedan confiar en la imparcialidad de quienes la aplican.
Cuando las instituciones empiezan a percibirse como un botín que los partidos se reparten, la democracia se deteriora, aunque se sigan celebrando elecciones.
Votar cada cuatro años no es suficiente si durante los cuatro años siguientes el poder carece de controles eficaces.
7. Japón, la vergüenza y la dimisión: ¿dónde ha quedado la dignidad?
Hay algo de la cultura japonesa que siempre me ha llamado la atención.
Cuando determinados responsables públicos o empresariales cometen errores graves, hemos visto ceremonias de disculpa, muestras visibles de arrepentimiento y dimisiones.
Por supuesto, Japón no es una sociedad perfecta y también tiene sus problemas de corrupción y ocultación de responsabilidades.
Pero sí admiro una idea: la vergüenza por haber incumplido un deber.
¿Dónde ha quedado esa vergüenza entre nosotros?
Vemos responsables que se equivocan gravemente y no dimiten.
Dirigentes que incumplen promesas y se presentan como víctimas.
Personas que administran recursos inmensos y, cuando algo sale mal, siempre encuentran a un subordinado, a una administración anterior o a un adversario al que señalar.
Me gustaría recuperar una cultura política en la que reconocer un fracaso fuera una obligación moral.
Que una negligencia grave e imputable tuviera consecuencias.
Que la corrupción acreditada no pudiera esconderse tras consignas ideológicas.
Que los delitos fueran castigados con proporcionalidad, mediante una justicia independiente y con todas las garantías.
Y que no hiciera falta una condena penal para que alguien comprendiera que ha perdido la legitimidad ética para continuar en un cargo.
Porque hay comportamientos que, aunque no constituyan delito, deberían provocar una dimisión por pura dignidad.
Marco Aurelio, uno de los grandes representantes del estoicismo, fue emperador y reflexionó constantemente sobre el deber, la justicia y el dominio de las pasiones.
La diferencia es abismal entre quien entiende el poder como una responsabilidad moral y quien lo vive como una propiedad personal.
8. Europa: burócratas lejanos y ciudadanos cada vez más sometidos a normas
Y después está Europa.
Una estructura institucional que debería servir para facilitar la cooperación, la prosperidad y la convivencia entre los pueblos europeos.
Pero que demasiadas veces percibo como una maquinaria burocrática lejana, extraordinariamente complicada y poco conectada con los problemas cotidianos.
Normas sobre normas. Directivas. Reglamentos. Obligaciones administrativas. Nuevos procedimientos. Formularios. Justificaciones.
Y mientras tanto, quienes trabajamos, emprendemos o intentamos desarrollar proyectos tenemos que dedicar una cantidad creciente de tiempo y recursos a cumplir requisitos que no siempre parecen proporcionados.
Me preocupa la distancia entre quien redacta una norma desde un despacho y quien tiene que aplicarla sobre el terreno.
También me parece razonable exigir una justificación rigurosa de las remuneraciones, dietas, privilegios y gastos de los altos responsables institucionales.
No afirmo que todos vivan sin trabajar ni que sus salarios sean ilegítimos. Pero cuando existe una enorme distancia entre la realidad económica de muchos ciudadanos y las condiciones de quienes les gobiernan, la exigencia de ejemplaridad debería ser máxima.
La política no debería convertirse en una profesión privilegiada al margen de las dificultades que soporta la sociedad.
Y Europa debería recordar permanentemente un principio: las instituciones existen para facilitar la vida de las personas, no las personas para justificar la existencia de las instituciones.
9. Las pensiones y el dinero de toda una vida
Hay otra cuestión que me produce especial inquietud.
Llevamos toda una vida trabajando, cotizando y pagando impuestos.
Y cuando pensamos en nuestra jubilación, en nuestras pensiones o en las posibilidades de nuestros hijos, descubrimos hasta qué punto dependemos de decisiones políticas que pueden estar condicionadas por intereses electorales de corto plazo.
El sistema público de pensiones español es principalmente de reparto: nuestras cotizaciones no se guardan individualmente en una cuenta, sino que contribuyen a financiar las pensiones actuales.
Precisamente por eso su futuro exige una gestión extraordinariamente rigurosa.
No discursos tranquilizadores.
No promesas grandilocuentes.
No enfrentamientos entre jóvenes y mayores.
Necesitamos cuentas comprensibles, proyecciones realistas y compromisos sostenibles.
Y me rebelo ante la posibilidad de que cuestiones tan importantes se utilicen como simples instrumentos electorales.
No quiero que me prometan algo que no se podrá pagar.
Quiero que me expliquen la verdad.
Aunque sea desagradable.
10. ¿Por qué seguimos confiando en la bondad humana?
Aquí aparece quizá la cuestión filosófica más dolorosa de todas.
Aristóteles consideraba que el desarrollo de las virtudes era esencial para una vida buena y una comunidad política justa.
Pero cuando uno observa determinados comportamientos, se pregunta si no estaremos siendo excesivamente ingenuos.
Pongamos a quien pongamos, las tentaciones del poder parecen repetirse.
Ambición.
Vanidad.
Clientelismo.
Mentira.
Interés personal.
La historia nos demuestra que ninguna ideología tiene el monopolio de la virtud ni está vacunada contra la corrupción.
Por eso pienso que una buena organización política no puede depender solamente de la bondad de sus dirigentes.
Necesita controles, auditorías, límites, mecanismos de responsabilidad y consecuencias reales para quienes incumplen sus obligaciones.
No porque todos los seres humanos sean malos, sino precisamente porque son falibles.
En una empresa hay presupuestos, controles, auditorías, contratos, objetivos, responsabilidades y consecuencias.
¿Por qué resulta tan difícil exigir lo mismo a quienes administran los recursos de millones de personas?
11. La verdadera solución comienza por negarnos a ser manipulados
No tengo una solución milagrosa.
Pero sí algunas convicciones cada vez más firmes.
Necesitamos una ciudadanía que deje de comportarse como una manada.
Personas capaces de cuestionar a los dirigentes de su propio partido.
Electores que exijan datos, cuentas y explicaciones en lugar de eslóganes.
Una Administración que justifique su tamaño por su utilidad, no por su capacidad de recaudar y seguir creciendo.
Un poder judicial y unos organismos de control verdaderamente independientes.
Responsabilidad política por los fracasos graves y responsabilidad penal cuando se cometan delitos.
Una cultura de la dimisión, la vergüenza y la ejemplaridad.
Y, sobre todo, una educación que enseñe a pensar.
Porque posiblemente ahí está la raíz de todo.
Los sofistas podían enseñar a persuadir, pero Sócrates nos enseñó a preguntar.
Y necesitamos recuperar esa capacidad.
Cuando un político nos prometa algo, deberíamos preguntarle cuánto cuesta, quién lo paga y qué evidencia existe de que funcionará.
Cuando acuse a otro, deberíamos exigir pruebas.
Cuando nuestro partido cometa un abuso, deberíamos ser los primeros en denunciarlo.
Cuando un medio de comunicación nos presente una verdad aparentemente indiscutible, deberíamos contrastarla.
Y cuando alguien pretenda convencernos de que todos nuestros problemas son culpa de otro grupo de ciudadanos, deberíamos desconfiar especialmente.
12. Filosofía Comercial: si mentir es inaceptable para vender, ¿por qué lo toleramos para gobernar?
En Filosofía Comercial llevamos tiempo defendiendo una idea: vender no debería consistir en engañar o manipular a otro ser humano.
Vender debería ser ayudar, comprender necesidades, aportar soluciones, crear valor y construir confianza.
Un buen vendedor no debería prometer lo que sabe que no puede cumplir.
No debería ocultar deliberadamente información esencial.
No debería aprovecharse de la ignorancia de su cliente.
Y debería responsabilizarse de sus compromisos.
¿Por qué vamos a exigir menos a quien nos gobierna?
Un político es, en cierto sentido, un profesional que solicita nuestra confianza para administrar recursos y tomar decisiones que afectan a nuestras vidas.
Pero existe una diferencia fundamental.
Si un vendedor me engaña, puedo dejar de comprarle.
Si una empresa no me satisface, puedo cambiar de proveedor.
Pero cuando el Estado funciona mal, resulta mucho más difícil escapar de sus consecuencias.
No podemos dejar de pagar impuestos porque no estemos satisfechos con el servicio.
No podemos elegir individualmente qué leyes cumplir.
No podemos recuperar fácilmente décadas de malas decisiones públicas.
Por eso deberíamos exigir mucho más, no mucho menos.
La política debería ser la forma más elevada del servicio a los demás.
Y demasiadas veces tenemos la sensación de que se ha convertido en el arte de servirse de los demás para alcanzar el poder.
ya está bien
Quizá lo que más me duele no es que existan políticos que mientan.
Eso lleva ocurriendo desde Grecia y Roma.
Lo verdaderamente triste es que, dos mil quinientos años después, con todo nuestro conocimiento, con toda nuestra tecnología y con toda la información que tenemos a nuestro alcance, sigamos cayendo una y otra vez en los mismos engaños.
Que continuemos enfrentándonos entre nosotros para defender a dirigentes que mañana pueden cambiar de discurso sin el menor rubor.
Que aceptemos estructuras administrativas cada vez más costosas sin preguntar suficientemente por sus resultados.
Que normalicemos el despilfarro porque el dinero no sale directamente del bolsillo de quien decide gastarlo.
Que toleremos la falta de responsabilidad.
Que confundamos fidelidad política con obediencia intelectual.
Y que lleguemos a resignarnos a pensar que todos son iguales y que no merece la pena hacer nada.
No quiero resignarme.
Creo que necesitamos menos propaganda y más verdad.
Menos privilegios y más servicio.
Menos burocracia inútil y más eficacia.
Menos fanatismo y más criterio.
Menos impunidad y más responsabilidad.
Y, sobre todo, necesitamos recuperar algo que los filósofos griegos consideraban fundamental: la virtud.
La virtud de decir la verdad aunque perjudique nuestros intereses.
La virtud de reconocer un error aunque nos obligue a abandonar un cargo.
La virtud de administrar responsablemente aquello que no nos pertenece.
Y la virtud de pensar por nosotros mismos, incluso cuando hacerlo significa enfrentarnos a quienes comparten nuestras ideas políticas.
Porque quizá el mayor triunfo de los malos gobernantes no consista en conseguir que les votemos.
Quizá consista en conseguir que dejemos de exigirles que sean buenas personas, buenos gestores y servidores honestos de la sociedad.
Y eso, personalmente, me parece insoportable.
Filosofía Comercial — La filosofía aplicada a la vida, a la empresa y a nuestras responsabilidades como ciudadanos.