Hay momentos en la vida de un país en los que la indignación deja paso a algo más profundo: la perplejidad.
No es rabia.
No es únicamente desacuerdo político.
Es una sensación más difícil de explicar: la impresión de que algo esencial en el sistema ha perdido su rumbo.
Muchos ciudadanos españoles sienten hoy esa perplejidad cuando observan el funcionamiento del Estado. No se trata simplemente de discutir si un partido gobierna mejor que otro. La cuestión es más estructural, más filosófica si se quiere: ¿para qué existe realmente el Estado y por qué parece cada vez más incapaz de cumplir su función?
Porque el Estado, en su sentido más noble, no es una maquinaria ideológica ni una estructura de poder para quienes lo administran. El Estado debería ser, ante todo, una herramienta colectiva al servicio de los ciudadanos.
Su función debería ser sencilla de formular, aunque difícil de ejecutar: hacer que la vida cotidiana de la sociedad funcione mejor.
Que las infraestructuras estén en condiciones.
Que la sanidad cure y no se convierta en un campo de batalla político.
Que la educación forme personas libres, no ciudadanos ideológicamente domesticados.
Que la justicia llegue a tiempo.
Que las cuentas públicas permitan mirar al futuro con tranquilidad.
Sin embargo, cuando muchos ciudadanos miran la realidad española actual, la sensación que aparece es otra muy distinta: la de un Estado gigantesco que crece sin parar pero que cada vez parece cumplir peor su función esencial.
El tamaño del Estado y la ilusión de protección
Durante décadas se ha repetido una idea que parecía incuestionable: cuanto mayor es el Estado, mayor es la protección del ciudadano.
Pero la experiencia cotidiana empieza a generar dudas incómodas.
España tiene hoy una de las estructuras administrativas más extensas de su historia: múltiples niveles de gobierno, miles de organismos públicos, agencias, entes, fundaciones y empresas públicas. El número de cargos políticos, asesores y estructuras administrativas no ha dejado de crecer.
Y, sin embargo, el ciudadano medio percibe algo extraño: los problemas cotidianos no disminuyen al mismo ritmo que crece el aparato estatal.
La cesta de la compra sigue subiendo.
Las infraestructuras muestran deterioro en muchos lugares.
La vivienda se convierte en un problema estructural.
La presión fiscal aumenta mientras la deuda pública sigue creciendo.
Esto genera una paradoja que muchos ciudadanos no saben cómo interpretar.
Si el Estado es cada vez más grande, ¿por qué la sensación de seguridad económica y social no crece en la misma proporción?
El problema moral del sistema
Pero la cuestión quizá no sea únicamente económica o administrativa.
Tal vez el problema sea, sobre todo, moral.
Un sistema político puede equivocarse. Todos los sistemas se equivocan. La gestión pública es compleja y está llena de incertidumbre.
Pero lo que realmente erosiona la confianza de una sociedad no es el error.
Es la ausencia de responsabilidad ante el error.
Cuando los ciudadanos observan escándalos de corrupción que duran años sin resolverse.
Cuando ven imágenes de políticos viviendo en un mundo completamente desconectado del ciudadano medio.
Cuando perciben que los responsables rara vez pagan proporcionalmente por el daño causado.
Entonces aparece una sospecha peligrosa: que el sistema político ha dejado de ser un servicio para convertirse en un espacio de privilegio.
Y cuando esa sospecha se instala, la relación entre ciudadanos y Estado empieza a deteriorarse de forma silenciosa.
Porque el ciudadano puede aceptar muchas cosas.
Pero lo que difícilmente acepta es la sensación de injusticia permanente.
La advertencia sobre la libertad
En este contexto resulta interesante recordar algunas reflexiones presentes en el libro La revolución de la libertad, del economista Diego Giacomini.
El libro plantea una advertencia que, aunque incómoda, merece ser escuchada: cuando el Estado se expande constantemente y se convierte en el eje central de la vida económica y social, la libertad individual comienza a reducirse poco a poco.
No ocurre mediante un golpe espectacular.
Ocurre lentamente.
A través de regulaciones acumuladas.
A través de impuestos crecientes.
A través de una burocracia cada vez más densa que termina condicionando la vida de los ciudadanos.
El resultado final no es necesariamente una pérdida total de libertad, pero sí algo más sutil: una sociedad cada vez menos acostumbrada a decidir por sí misma.
Y cuando eso ocurre, la política deja de ser un servicio temporal y se convierte en una estructura permanente de gestión de la vida de las personas.
El dilema del ciudadano
Ante este panorama aparece un dilema profundamente humano.
Muchos ciudadanos empiezan a preguntarse si la solución consiste simplemente en marcharse. En buscar países donde el sistema funcione mejor, donde la presión fiscal sea menor o donde las instituciones transmitan mayor confianza.
Pero esa solución, aunque legítima, tiene un coste emocional enorme.
Porque las personas no viven únicamente en economías.
Viven en países.
Viven donde están sus padres, sus hijos, sus amigos.
Donde está su lengua, su cultura, sus recuerdos.
Por eso muchos ciudadanos experimentan una contradicción íntima: aman profundamente su país, pero sienten una creciente desconfianza hacia su sistema político.
Y ese conflicto interior no es trivial.
Es uno de los grandes dilemas contemporáneos.
El silencio de los ciudadanos
Pero quizá la pregunta más incómoda no tenga que ver con los políticos.
Quizá tenga que ver con nosotros mismos.
Porque mientras observamos el crecimiento del Estado, los problemas estructurales o los escándalos recurrentes, hay un fenómeno social que llama la atención: la enorme pasividad de la sociedad.
Comentamos en privado.
Nos indignamos en conversaciones.
Nos quejamos en redes sociales.
Pero rara vez ocurre algo más.
En cierto modo, la sociedad parece haber adoptado una actitud que recuerda inevitablemente a la metáfora de El silencio de los corderos. No porque exista un monstruo concreto que nos aceche, sino porque observamos los problemas sin reaccionar colectivamente.
Los políticos tienen ciclos de cuatro años.
Los ciudadanos, en cambio, parecen vivir en ciclos mucho más cortos: el próximo recibo, el próximo mes, el próximo problema personal.
Mientras la vida siga siendo más o menos posible, muchos prefieren no cuestionar demasiado el sistema.
Y así se instala una forma de resignación silenciosa.
Lo que debería ser el Estado
Sin embargo, el Estado no nació para esto.
Un Estado fuerte no es necesariamente un Estado grande.
Es un Estado capaz.
Capaz de gestionar bien los recursos.
Capaz de anticiparse a las crisis.
Capaz de proteger a sus ciudadanos en momentos de incertidumbre global.
Cuando hay guerras, crisis energéticas o transformaciones económicas profundas, un Estado bien organizado debería convertirse en un amortiguador que protege a la sociedad.
No en una estructura que agrava los problemas.
Por eso la cuestión central no es ideológica.
La cuestión central es institucional y moral.
¿Cómo se construyen instituciones sólidas?
¿Cómo se seleccionan líderes públicos capaces?
¿Cómo se evita que la política se convierta en un sistema cerrado que se protege a sí mismo?
Las preguntas incómodas
Quizá la solución no pase únicamente por cambiar a unos políticos por otros.
Tal vez el verdadero cambio tenga que ver con algo más profundo: la cultura cívica de una sociedad.
Un país no es solo su gobierno.
Un país es también el nivel de exigencia de sus ciudadanos.
Es su intolerancia hacia la corrupción.
Es su compromiso con la verdad.
Es su disposición a participar en la vida pública.
Si una sociedad tolera demasiado, si normaliza demasiado, entonces el sistema político termina reflejando exactamente esa misma cultura.
Por eso la pregunta más incómoda no es qué hacen los políticos.
La pregunta es otra:
¿Qué estamos dispuestos a hacer nosotros?
Un dilema que merece reflexión
Muchos ciudadanos sienten hoy la tentación de marcharse.
Pero también existe otra posibilidad: quedarse y exigir más.
Quedarse no desde la resignación, sino desde la responsabilidad.
Porque los países no mejoran únicamente cuando aparecen buenos gobernantes.
Los países mejoran cuando sus ciudadanos elevan el nivel de exigencia moral del sistema.
Esto requiere tiempo.
Requiere participación.
Requiere incomodidad.
Pero sobre todo requiere algo que parece escasear en nuestro tiempo: conciencia cívica.
Una invitación a pensar
Este texto no pretende ofrecer respuestas definitivas.
Pretende abrir preguntas.
Preguntas sobre el papel del Estado.
Preguntas sobre la libertad individual.
Preguntas sobre la responsabilidad colectiva.
Pero sobre todo una pregunta final que quizá sea la más importante:
¿Qué estamos dispuestos a hacer por nuestro país?
No por un partido.
No por un gobierno.
Por el país.
Por su historia.
Por su cultura.
Por las generaciones que vendrán.
Porque la historia de una nación no la escriben solo sus políticos.
La escriben, sobre todo, sus ciudadanos.
Y quizá ha llegado el momento de preguntarnos si queremos seguir observando en silencio… o si estamos dispuestos a participar activamente en la construcción del país en el que queremos vivir.